El inminente inicio de la temporada veraniega y de las jornadas calurosas hará que, naturalmente, los vecinos necesiten contar con una mayor y confiable provisión de agua, aún cuando los antecedentes y el panorama actual indiquen que podrían reiterarse la baja de presión en el suministro o, inclusive, la falta absoluta de agua. Como se sabe, este panorama de canillas secas o baja presión se hace sentir en estos días en un amplio sector del casco urbano, en esta ocasión por obras de optimización de la usina Bosques de Absa.
Según se aseguró desde la empresa, las tareas consistieron en una división de comandos de los tableros eléctricos, con el fin de que, ante la eventualidad de una avería se pueda manejar de manera independiente el bombeo. Dichos trabajos fueron considerados esenciales ya que, ante la posibilidad de algún corte de energía eléctrica, permiten la alternativa de seguir aportando agua a la red con una sola de las alas de bombeo y no resentir el servicio en su totalidad.
Uno de los puntos críticos por la falta de agua fue la zona de 6 y 68, donde faltó presión en las redes según consignaron usuarios. Asimismo, llegaron reclamos similares desde Los Hornos y también padecieron las consecuencias algunos establecimientos educativos, que debieron suspender las clases por la falta de agua.
Sea como sea, teniendo a la vista las numerosas deficiencias en el servicio, sea por averías o reparaciones, corresponde insistir en que la empresa debiera garantizar mejoras sustantivas y continuadas en el servicio de agua corriente. En este caso no puede menos que advertirse que, antes de aumentar sus tarifas, como lo ha venido haciendo últimamente, debiera brindar una prestación ajustada a la demanda.
Un principio básico del derecho señala que la diferencia entre un impuesto y una tarifa de servicios radica en que el costo, en el primero, está desligado de toda contraprestación directa para el contribuyente, mientras que en la segunda el valor que se hace pagar está relacionado a un servicio que se ofrece. En este último caso, sin perjuicio de advertir que, habitualmente, los usuarios deben hacerse cargo de algunos costos que son independientes del consumo, relacionados a la instalación de redes y otros rubros.
Lo que en realidad ocurre es que miles de usuarios –los de La Plata y el resto de la región- vienen dando, desde hace demasiado tiempo, sufridos testimonios de ello y no cuentan con la garantía de poder acceder de manera confiable al consumo, de modo que, si el valor que paga el usuario está subordinado al servicio que se brinda, es esencial que la empresa ABSA cumpla con su parte. Algo que, bien se sabe, no ocurre o, en todo caso, sucede con demasiadas imperfecciones. Es preciso insistir, entonces, que nadie está obligado a pagar un impuesto al agua, sino la prestación del servicio de agua, que es algo bien distinto.
Es incontrastable que la desinversión sufrida por la estructura de captación y distribución de agua potable en el distrito viene de muchas décadas atrás y que el reclamo de la población por las deficiencias en el servicio es tan justificado como, también, pretérito. Es de esperar, entonces, que la empresa continúe con todas aquellas acciones necesarias para modernizar el servicio de agua corriente en la Región y ponerlo a tono con las demandas de la población.
SUSCRIBITE a esta promo especial